El urbanismo en manos de...!

Levante, 8 noviembre 05

JESÚS MONCHO - Escriptor
Autor del libro "Marinas-Postiguet-Horadada" patrocinado por Abusos Urbanísticos NO

El presidente de la Diputación de Alacant, Joaquín Ripoll, va diciendo que «El Consell de la Generalitat debe de parar planes que son del promotor más que del Ayuntamiento» (Información, 9-10-2005). En Levante-EMV, 29-10-2005, se nos informaba de que «El Consell acusa al Ayuntamiento de Benidorm de torpedear la salvación de Terra Mítica... La patronal turística advierte que la saturación del litoral amenaza el sector». El propio secretario general de Promotores-Constructores de València, Benjamín Muñoz, calificaba así la LRAU: «ha sido una buena ley... y para la Administración ha sido un chollo: la propiedad privada paga la urbanización» (El País, 19-5-2002). El Hotel Atrium es condenado a demoler una sola altura de las once ilegales además del pago de una multa de doce millones de euros que un tribunal acaba de suspender cautelarmente (la repera). Y Juan Carlos Zaragoza, asesor urbanista, apunta que «los propietarios de terrenos deben de constituirse en sindicato de propietarios».  

Durante los últimos tiempos, un tenso discurso ha emergido a lo largo y ancho del País Valencià. Se trata del urbanismo. El urbanismo como actividad humana con capacidad de alterar el territorio. Un territorio del que depende nuestra principal industria, el turismo, con un 11% de nuestro PIB, y en el que se imbrica la poderosa actividad de la construcción. ¿Hasta qué punto tenemos el derecho de alterar ese territorio? ¿Hasta qué punto podemos alterar ese territorio sin que se dañe o pueda tambalearse el entramado de nuestra economía?

Nuestro territorio, en muchos casos de una gran riqueza natural, histórica o emotiva, posee unas potencialidades, unas virtualidades, que nosotros estamos obligados a gestionar. En muchos sitios vivimos de ello. La generaciones futuras también dependen de ello. ¿Dónde está la raya entre gestión o destrucción del territorio?

Desde una posición realista, hemos de reconocer que el turismo informa y conforma principalmente la ordenación del territorio. Y que el turismo tiene sus propias necesidades y sus propias exigencias, que habrá que procurar satisfacer. El turista actual, urbano y culturalizado, busca lugares distintos al suyo, tranquilos y desestresantes, donde inundarse de emoción y también de un cierto enriquecimiento personal. Se hace necesario, pues, en aras del turismo actual, racionalizar, fomentar y preservar los bienes naturales, paisajísticos y culturales. Para ello habremos de adecuar los planes de desarrollo urbanístico a los recursos existentes (agua, energía, previsión de incendios o inundaciones, eliminación de residuos...), que obviamente no son ilimitados, de forma que se evite la saturación (factor disuasorio del turismo) y se posibilite y aumente la calidad de vida (hospitales, escuelas, oferta cultural, parques, accesos...). Y a esto habremos de sumar los límites racionales que vienen marcados por la lógica del propio desarrollo. En urbanismo, se nos dice que el punto óptimo de crecimiento son ocho nuevas viviendas por mil habitantes. Para que nos sirva de referencia, la localidad de Calp creció treinta nuevas viviendas por mil habitantes; la misma prensa nos informaba días pasados que, en Calp, trescientas madres demandaban en la calle plazas escolares para el inicio de curso, o que el Ministerio trata de comprar los alrededores de las Salinas para su preservación ante el avance del urbanismo irracional y depredador.

Y aquí entra la LRAU (y la continuista LUV), marco legal donde se escenifican y posibilitan tales procesos urbanísticos, y causa del efecto conseguido: casi colapso del litoral e incipiente saturación del primer interior (15-25 km tierra adentro). Ley que en aras del interés general, nunca definido en la propia ley y nunca elaborado el reglamento para su aplicación, posibilita los PAI en los que el propietario cede el terreno, no decide, se le retira el 45% de su propiedad para utilidades, paga la urbanización de viales e infraestructuras, si no es que el promotor se ha alcanzado los terrenos (en algunos casos ¿información privilegiada?, ¿influencias?...) a precio de valor rústico para generar grandes y rápidas plusvalías, tal como queda demostrado en el caso de los terrenos de Riba-roja del Valencia CF, o tal como se pretende ahora con la venta y recalificación de los terrenos de Terra Mítica.

Y la rueda se completa con la servidumbre de los ayuntamientos en cuanto a financiación. En más del 40% de sus necesidades dependen de los impuestos y gravámenes sobre urbanismo. Están casi obligados a alimentarse de ello. El territorio, además de ser un bien limitado, es el gran perdedor. Los ayuntamientos y la Consellería de Urbanismo han abandonado la gestión del territorio a la lógica pura y dura del mercado (construir sin cesar porque hay demanda, debido a la baratura de las hipotecas y al hundimiento y huida de las inversiones bursátiles hacia el ladrillo), a la lógica del promotor, que no es otra que la lógica del beneficio, más allá de toda racionalidad, que tiene por objetivo la habitabilidad y el sostenimiento del territorio, del cual, todo el mundo reconoce, dependemos y vivimos.